En Puerto Rico impera el sistema republicano de gobierno. Es éste un sistema de equilibrios y contrapesos, es decir, se trata de que las tres ramas del Gobierno, a saber, ejecutiva, legislativa y judicial se complementen sin que ninguna de esas ramas pueda gobernar sola sin el equilibrio o contrapeso de las otras dos. La idea es que sea el ejecutivo el que ejecute, el legislativo el que legisle y el judicial el que adjudique las controversias, tanto en el gobierno como en la vida privada.
Si el legislativo legisla con sabiduría, el ejecutivo ejecuta con prudencia y buen juicio y el judicial adjudica con justicia, la sociedad y todos sus asuntos discurren para bien de la mayoría. Ese podría considerarse un estado ideal. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones ninguna de estas tres ramas de Gobierno cumple cabalmente el papel que les fuera asignado por el pueblo.
En las asambleas o legislaturas municipales, a menor escala, sucede otro tanto. Se espera que los legisladores municipales electos, sirvan de contrapeso al ejecutivo; en este caso, a los alcaldes. No importa bajo qué insignia política hayan sido electos, su lealtad y compromiso mayor debe ser con el pueblo todo.
La realidad es que, como regla general, los legisladores electos bajo la misma insignia que el alcalde, aprueban ciegamente toda medida que provenga de esa administración y combaten toda iniciativa que emane de los legisladores elegidos bajo otra insignia. Lo contrario también es cierto para los legisladores no elegidos bajo la insignia del alcalde, combaten toda medida que provenga de la administración, independientemente de sus méritos o deméritos. En ambos casos, el mejor interés del pueblo no cuenta para nada.
Bajo el sistema electoral vigente, cada candidato a alcalde selecciona a sus posibles legisladores municipales. Como es natural, selecciona a aquellos que entiende le han de ser fieles e incondicionales. Aquellos que se salgan de su redil, tendrán sus días contados en la posición.
Ante esa aspiración de los fundadores del sistema de lograr el mejor gobierno posible, con verdadero criterio e independencia y la realidad de que hay que apoyar incondicionalmente al ejecutivo porque “pertenezco a su plancha”, ¿qué debe hacer un buen legislador? ¿Cómo aspiramos a que sean todos los legisladores del PIP?
En primer lugar, un buen ciudadano, sea legislador o no, debe siempre decidirse por lo correcto, lo moral y lo justo. Su compromiso, como dije antes, es ante todo y sobre todo, con su pueblo. No puede aceptar componendas o “amapullos” con nadie, por ningún motivo.
La verdad, la justicia y el respeto a su patria y a su gente deben ser siempre su norte. Cuando entienda que la verdad asiste a alguno de los grupos, debe respaldar a ese grupo. Si entiende que ambos grupos actúan incorrectamente, debe alzar su voz y, si fuera preciso, tomar medidas adicionales dentro de las normas del mayor decoro para que la verdad y la corrección prevalezcan.
Para eso fuimos llamados a esta lucha. Para eso aceptamos el reto de participar en ella. Al final del camino, sólo vamos a rendir cuentas ante el supremo juez de nuestras acciones: nuestra propia conciencia.
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